Creación de registro de beneficiarios finales de empresa cumple un año sin avance

Desde al menos siete años que se trata de impulsar la creación de un registro de beneficiarios finales de empresas en Chile, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monentario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y aunque el Ejecutivo presentó un proyecto en diciembre de 2023, recién la semana pasada le aplicó una urgencia simple al debate, o sea, 30 días para ser despachado por la respectiva Cámara.

El texto, que ahora está a la espera de ser analizado por la comisión de Hacienda del Senado -que también tiene en tabla el proyecto de inteligencia económica y el que crea la agencia de calidad de las políticas públicas-, establece la obligatoriedad de que todo contribuyente y toda entidad que reciba recursos públicos, sea por la vía de un contrato como proveedor del Estado o como participante de un convenio, debe entregar información sobre las personas naturales que son los propietarios finales de esas instituciones y los beneficiarios finales de los recursos que reciben.

María Jaraquemada, expresidenta de la Comisión de Transparencia.

“En una agenda proseguridad, (el registro de beneficiarios) debiera ser una reforma clave, porque le dificulta más al crimen organizado lavar sus dineros y colocarlos en la economía lícita”.

Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia.
“La nula atención a la norma en casi un año refleja que hay un problema de gestión global del Gobierno en materia legislativa en temas de transparencia y combate a la corrupción”.

Alberto Precht, exdirector Chile Trnasparente.
“La agenda de probidad por más que se mencione y se creen comisiones especiales o presenten mociones, la verdad es que tiene muy poco avance”.

Jeannette von Wolfersdorff, exintegrante de la Comisión Transparencia.
“Espero que el Gobierno de la prioridad necesaria a este proyecto, especialmente también porque fue una recomendación unánime y relevante que hicimos post Caso Convenios”.

Para la expresidenta de la Comisión de Transparencia, María Jaraquemada, quien entregó una serie de propuestas al Gobierno para que se transformen en ley a raíz del Caso Convenios y Fundaciones, tener un registro de beneficiarios finales “en una agenda proseguridad debiera ser una reforma clave”. Esto, argumenta, “porque le dificulta más al crimen organizado lavar sus dineros y colocarlos en la economía lícita, además de operar de mejor modo el comiso y confiscación de bienes”.

Por lo mismo, aboga por acelerar el trámite del proyecto, pues da mayor transparencia a quiénes son las personas que están detrás o controlan empresas, sociedades, estructuras jurídicas y organizaciones de la sociedad civil. Ello, dice, “permite luchar de modo mucho más efectivo contra el lavado de activos proveniente de actividades ilegales, la elusión/evasión tributaria, atentados contra la competencia, conflictos de interés en la contratación pública, entre muchos otros”.

Quien también integrara la Comisión de Transparencia y una de las pioneras en impulsar la necesidad de crear un registro de beneficiarios en Chile, Jeannette von Wolfersdorff, espera que el Gobierno le dé la prioridad necesaria al proyecto, “especialmente también porque fue una recomendación unánime y relevante que hicimos post Caso Convenios”.

Y, como una forma de enfatizar en la importancia del tema, agrega que “podemos pensar que hoy es muy positivo que Chile no tenga un registro de beneficiarios finales para todas las personas y organizaciones interesadas en esconder fondos o legalizar fondos ilícitos”.

“Problema de gestión”

Pero hay dudas sobre los avances. El expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, considera que la nula atención a la norma en casi un año refleja “que hay un problema de gestión global del Gobierno en materia legislativa en temas de transparencia y combate a la corrupción”.

Por ejemplo, menciona que este año ingresó al Congreso la Ley de Lobby 2.0, cuando lo pudo hacer al partir la administración Boric: “Implica haber perdido un tiempo vital, lo mismo pasa con este proyecto de beneficiarios, que por prepararlo tanto, pierde su espacio legislativo propicio para avanzar”.

Lo complejo, advierte, es el bajo margen legislativo para el Ejecutivo. “Vienen las campañas parlamentarias y presidenciales, así que soy de los escépticos que se puede avanzar”, opina.

Crítico de la situación, el exdirector de Chile Transparente, Alberto Precht, ve que “la agenda de probidad por más que se mencione y se creen comisiones especiales o presenten mociones, la verdad es que tiene muy poco avance”.

Desde su óptica, lo que ocurre con beneficiarios finales “es lo mismo que podemos ver con la Ley de Transparencia 2.0, la reforma a la Ley de Lobby, las regulaciones a los notarios o regular los conflictos de interés de mejor forma; siempre han sido tramitaciones lentas y no prioritarias versus las contingencias que se toma la agenda del Ejecutivo”.

Von Wolfersdorff expone que quizás los recursos financieros detrás de estas personas y organizaciones “deben estar presionando para que Chile no avance en la respectiva legislación”.

En este sentido, puntualiza, “entiendo la preocupación de las autoridades del Congreso o del Gobierno en su lucha contra el crimen. Pero pareciera que la actual preocupación está supeditada a una negociación política, que impide avanzar en precisamente una legislación relevante contra el crimen”.

En su calidad de vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), informa que por ser un proyecto relevante desde el punto de vista de la transparencia “le vamos a pedir la Segpres que eleve la urgencia para su trámite, que hasta ahora ha sido simple. La idea es que tenga al menos suma urgencia”.